miércoles, 8 de julio de 2020

Mitos sobre el mercado y los monopolios.


¿Qué es un monopolio?

A la hora de hablar sobre los "monopolios", surgen bastantes complicaciones al respecto. El principal problema que existe, es sobre que definimos como "monopolio". Para nosotros, la única definición posible de monopolio, es una concesión de privilegios por parte del gobierno. Por tanto, la única manera de que el gobierno disminuya los "monopolios", si eso es lo que desea, es eliminar sus propias concesiones de monopolios: patentes, subsidios, protección, regulaciones, y por supuesto, dejar de promover la cartelización.

En siglos pasados, se necesitaba el permiso del gobierno para abrir empresas en muchas áreas de la economía, especialmente en Europa y Asia, y se otorgaban derechos de monopolio a aquellos que pagaban directamente al gobierno por ellos; o a quienes sobornaban a los funcionarios que tenían el poder de otorgarlos; o a ambas cosas a la vez. Sin embargo, a finales del siglo XVIII, el desarrollo de la economía había alcanzado un punto en que un gran número de personas entendían lo perjudicial que resultaban estas prácticas para la sociedad en su conjunto, y comenzaron a presionar para liberar la economía de los monopolios y el control gubernamental.

Los monopolios son muy difíciles de mantener sin leyes que protejan a las firmas monopolísticas de la competencia. En teoría, el monopolista quiere que el consumidor compre más a precios más elevados, pero el consumidor deja de comprar la cantidad que compraría a un precio menor bajo la libre competencia. Principios similares se aplican a los carteles, a saber, un grupo de empresas que se ponen de acuerdo para cobrar precios más altos o para no competir entre sí. En teoría, un cartel podría funcionar colectivamente de la misma manera que un monopolio. En la práctica, sin embargo, los miembros individuales de los carteles tienden a engañarse secretamente, vendiendo a precios menores a ciertos consumidores, con la finalidad de apoderarse de los clientes de otros miembros del cartel. Cuando esta práctica se extiende, el cartel se torna irrelevante, ya sea que deje o no de existir formalmente.

El hecho de que algo sea sencillo de expresar, no implica que se pueda lograr de manera automática. La conformación de un cartel requiere que cada uno de los miembros se pongan de acuerdo sobre como se llevarán a cabo las cosas y que medidas tomará cada miembro.

Leyes antimonopolios.

Los problemas respecto a la definición de monopolio, se pueden contemplar, por ejemplo en la ley en los Estados Unidos. La descripción se basa en términos vagos e indefinibles, permitiendo a la administración y los tribunales omitir una definición por adelantado de lo que es un delito "monopolístico" y lo que no es. A diferencia de la ley anglosajona que se ha basado en una estructura de claras definiciones de los delitos, conocidos por adelantado y discernibles por un jurado después del apropiado proceso legal, las leyes antitrust prosperan sobre una vaguedad deliberada y reglas ex post facto. Ningún empresario sabe cuándo ha infringido la ley y cuándo no y no lo sabrá hasta que el gobierno, quizá después de otro cambio en sus propios criterios, se abata sobre él y le denuncie. Los efectos de estas reglas arbitrarias y de las definiciones ex post facto del "delito" son múltiples: se altera la iniciativa empresarial, los empresarios se vuelven desconfiados y serviles a las reglas arbitrarias de los funcionarios gubernamentales y no se permite a los negocios ser eficientes en servir al consumidor. Como los negocios siempre tienden a adoptar aquellas prácticas y escalas de actividad que maximicen los beneficios e ingresos y sirvan mejor a los consumidores, cualquier acoso a las prácticas de negocio por parte del gobierno solo puede dificultar la eficiencia en los negocios y premiar la ineficiencia.

La vaguedad de la ley se origina por la imposibilidad de fijar una definición convincente de monopolio en el mercado. De ahí los caóticos cambios del gobierno de un criterio injustificable de monopolio a otro: el tamaño de la firma, la "proximidad" de sustitutivos, fijar un precio "demasiado alto" o "demasiado bajo" o el mismo que un competidor, fusiones que "disminuyen notablemente la competencia", etc. Ninguno de estos criterios tiene sentido. Un ejemplo es el criterio de disminución notable de la competencia. Esto supone implícitamente que la "competencia" es algo relacionado de alguna manera con la cantidad. Pero no es así: es un proceso por el que individuos y empresas ofertan productos en el mercado sin recurrir a la fuerza. Entonces, proteger la "competencia" no significa dictar arbitrariamente que tiene que existir cierto número de empresas de cierto tamaño en una industria o área; significa mostrar que los hombres son libres de competir (o no) sin restricciones basadas en el uso de la fuerza.

Isabel Paterson respecto a una controversia relacionada a esta ley, no lo habría expresado mejor cuando dijo que "Standard Oil no restringía el mercado: fue a los confines del mundo para hacer un mercado. ¿Puede decirse que las corporaciones hayan "restringido el comercio" cuando el comercio que atienden no existía hasta que produjeron y vendieron esos bienes? ¿Restringían el comercio los fabricantes de automóviles durante el periodo en que fabricaron y vendieron cincuenta millones de vehículos donde no había habido antes coches? (…) Sin duda (…) no podría haberse imaginado nada más absurdo que fijarse en las empresas estadounidenses, que han creado y potenciado, en una magnitud siempre creciente, un volumen y variedad de comercio tan vasto que hace de toda la producción e intercambio previos algo parecido a un puesto de carretera y llamar a este rendimiento una "restricción al comercio", estigmatizándolo así como si fuera un delito".

Y concluía: "El gobierno no puede "restaurar la competencia" o "asegurarla". El gobierno es un monopolio y todo lo que puede hacer es imponer restricciones que puede emitir en monopolio, cuando va tan lejos como para requerir permiso para que el individuo produzca".

Detrás de esta frase existe un gran verdad que no muchos aceptan, y es que incluso dentro de las economías de mercado donde algunas actividades económicas son llevadas a cabo por el gobierno y otras por la industria privada, las actividades gubernamentales son típicamente monopolios, mientras que aquéllas en el mercado privado son típicamente actividades llevadas a cabo por empresas privadas que compiten entre sí.

Consecuencias. 

El hecho de que la competencia tiende a eliminar empresas deficientes y dejar a aquellas que mejor sirven al consumidor es algo común, y ciertamente estaría demás afirmar que ese es su fin principal.  Sin embargo, bajo el concepto de "monopolio" basado, precisamente en la eliminación de la competencia, o en el "número limitado" de competidores, con frecuencia se justifican políticas gubernamentales intervencionistas de manera innecesaria cuando en realidad no hay un peligro alguno. Por ejemplo, cuando la cadena de tiendas de alimento A&P era la más grande del mundo en ventas minoristas, en realidad vendía menos de una quinta parte del total de ventas de alimentos en Estados Unidos. Sin embargo, el Departamento de Justicia inició un proceso judicial antimonopolio contra A&P, utilizando los precios bajos de la empresa, y los métodos por los que había logrado esos precios bajos, como evidencia de competencia "desleal" contra los vendedores y cadenas rivales. A lo largo de la historia de las acciones judiciales antimonopolio, ha existido una confusión, aún no resuelta, entre lo que es perjudicial para la competencia y lo que es perjudicial para los competidores. En medio de esta confusión, muchas veces se ha perdido de vista la cuestión de qué es lo beneficioso para el consumidor.

La rareza de los monopolios auténticos ("una sola empresa") en la economía estadounidense, así como en gran parte de los países capitalistas, ha provocado una gran creatividad legalista destinada a definir a varias empresas como monopolísticas o como potenciales o "incipientes" monopolios. Lo lejos que esto podía llegar quedó ilustrado en 1962 cuando la Corte Suprema de Estados Unidos evitó la fusión de dos empresas de zapatos de la que habría resultado otra nueva empresa que habría abarcado, en total, menos del 7 por ciento de las ventas de zapatos en Estados Unidos. Igualmente en 1966, la Corte Suprema evitó la fusión de dos cadenas de supermercados locales que, en conjunto, vendían menos del 8 por ciento de los alimentos en el área de la ciudad de Los Ángeles. Categorizaciones igualmente arbitrarias de ciertas empresas como "monopolios" fueron impuestas en la India bajo la Monopolies and Restrictive Trade Practices Act de 1969, en virtud de la que todas las empresas con recursos superiores a cierta cifra (aproximadamente 27 millones de dólares) fueron declaradas monopolios y se limitaron sus posibilidades de expansión de sus negocios.

Una práctica común en los tribunales estadounidenses y en la literatura sobre leyes antimonopolio es describir el porcentaje de ventas realizadas por una empresa como la porción del mercado que dicha empresa "controla". Según este estándar, empresas hoy difuntas como la Pan American Airways controlaban una porción sustancial de sus respectivos mercados, cuando, en la práctica, el paso del tiempo mostró que no controlaban nada, o, de lo contrario, nunca hubieran permitido que los forzasen a declarar la quiebra. La severa disminución de gigantes como A&P, de igual manera sugiere que la retórica del "control" tiene muy poca relación con la realidad. Sin embargo, esta retórica continúa siendo muy efectiva en los tribunales de justicia y en la opinión pública.

Incluso en los casos raros en que sí existe una sola empresa en todo el mercado, esto es, un monopolio que no ha sido creado o mantenido por una política gubernamental, sus consecuencias han tendido a ser mucho menos funestas en la práctica que en la teoría. Durante las décadas en que la Aluminum Company of America era la única productora de lingotes de aluminio virgen en Estados Unidos, su tasa de lucro anual sobre la inversión era del 10 por ciento después del pago de impuestos. No obstante, el precio del aluminio había bajado con los años a una pequeña fracción del que había sido antes de que la empresa fuera creada. A pesar de esto, la Aluminium Company of America fue enjuiciada bajo las leyes antimonopolio y perdió. ¿Por qué los precios del aluminio estaban bajando bajo un monopolio, si en teoría tenían que haber estado subiendo? A pesar de su "control" del mercado de aluminio, la Aluminium Company of America estaba al tanto de que no podía subir sus precios caprichosamente, sin correr el riesgo de acabar cediendo sus consumidores a otros mercados de materiales sustitutos, como el acero, el estaño, la madera o los plásticos. El progreso tecnológico reducía los costes de producción de estos materiales y la competencia económica forzaba a las empresas competidoras a bajar sus precios proporcionalmente.

El "control" del mercado.

Esto hace que surja un tema que se aplica mucho más allá de la industria del aluminio. Quien habla de porcentajes del mercado "controlados" por esta o aquella empresa ignora el rol de los productos sustitutos, que pueden estar oficialmente clasificados como productos de otras industrias, pero que podrían ser usados como sustitutos por muchos compradores, si el precio de los productos monopolizados subiera considerablemente. Ya sea en un mercado monopolizado o en uno competitivo, un producto tecnológicamente muy distinto puede servir como sustituto, como ocurrió cuando la televisión reemplazó a muchos periódicos como fuente de información y entretenimiento.

En España, cuando un tren de alta velocidad comenzó a funcionar entre Madrid y Sevilla, la división del tráfico de pasajeros entre el tren y el transporte aéreo paso de ser 33 por ciento por ferrocarril y 67 por ciento por el aire, a ser 82 por ciento por ferrocarril y 18 por ciento por aire. Claramente muchas personas consideraban que el transporte aéreo y por ferrocarril eran formas alternativas de viajar entre estas dos ciudades. Independientemente de cuál sea el porcentaje de tráfico aéreo entre Madrid y Sevilla que tiene (que "controla") una aerolínea, e independientemente de cuál sea el porcentaje de tráfico por rieles que tiene un ferrocarril específico, ambos deben igualmente enfrentar la competencia de todas las aerolíneas y todas las líneas de ferrocarriles que viajan entre esas ciudades. Antes, la historia era muy parecida. En 1954, las líneas de transporte marítimo solían transportar millones de pasajeros a través del océano Atlántico, mientras que los aviones transportaban tan sólo 600.000. Sin embargo, en 1965, las líneas marítimas ya transportaban apenas 650.000 pasajeros mientras que los aviones transportaban 4 millones. El hecho de que aviones y barcos hayan sido dos cosas tecnológicamente muy diferentes no significaba que no hayan podido servir como sustitutos económicos.

Quienes se especializan en iniciar acciones judiciales antimonopolio, por lo general buscan definir el mercado relevante de manera estricta, con la finalidad de encontrar altos porcentajes de mercado "controlado" por la empresa que está siendo enjuiciada. Por ejemplo, en el famoso caso antimonopolio contra Microsoft a inicios de este siglo, el mercado fue definido como aquel que abarca los sistemas operativos para ordenadores personales que utilizan microchips del mismo tipo que los fabricados por Intel. Esto no solamente dejó de lado a los sistemas operativos de los ordenadores Apple sino que también dejó de lado a otros sistemas operativos, como los producidos por Sun Microsystems para múltiples ordenadores, o el sistema Linux para ordenadores personales.

En su mercado estrictamente definido, Microsoft claramente tenía una porción "dominante". Sin embargo, el juicio antimonopolio no acusaba a Microsoft de elevar sus precios de manera lesiva, que es la manera clásica descrita en la "teoría del monopolio". En vez de ello, Microsoft había añadido un navegador gratuito a su sistema operativo Windows, perjudicando así a Netscape, un productor rival de navegadores. La existencia misma de las distintas fuentes de potencial competencia desde fuera de ese mercado estrictamente definido se debe en gran parte al hecho de que Microsoft en sus inicios no subió sus precios, como tal vez lo pudo haber hecho a un corto plazo, aunque arriesgando sus ventas y ganancias a largo plazo, dado que otros sistemas operativos podrían haber sido adaptados como sustitutos, de haber ofertado precios más bajos. En 2003, el gobierno de la ciudad de Múnich dejó de usar el sistema operativo Microsoft Windows en sus 14.000 ordenadores y comenzó a usar Linux, uno de los sistemas excluidos de la definición del mercado que Microsoft "controlaba", pero que en realidad era obviamente un sustituto.

El caso Microsoft también muestra la confusión ya puesta de manifiesto en otros casos antimonopolio, es decir, la confusión entre proteger la competencia como condición en el mercado y proteger a los competidores existentes. Esta confusión no es una cuestión exclusiva de Estados Unidos. Algo similar se hizo evidente en un caso europeo antimonopolio, que involucraba a Microsoft, y en el que se decidió que ésta tenía el deber de permitir que sus competidores adjuntasen sus productos de software al sistema operativo Microsoft. Es más, la lógica de la decisión europea fue defendida en la página editorial de The New York Times: "La estrepitosa derrota de Microsoft en un caso antimonopolio, en Europa, establece principios que son bienvenidos y que deberían ser adoptados en Estados Unidos como una guía para el desarrollo futuro de la economía de la información".

El tribunal coincidió con los reguladores europeos en que Microsoft había abusado de su monopolio de sistema operativo al incorporar su Media Player, que reproduce música y películas, en Windows. Esto excluyó a rivales como Real Player. Esta decisión sienta un precedente sano en relación con que las compañías no pueden utilizar su posición dominante en un mercado (el sistema operativo) para extenderla a otros mercados (el de los reproductores de música y vídeo). El tribunal también coincidió en que Microsoft debería proveer, a compañías rivales de software, la información necesaria para hacer que sus productos fueran compatibles con el software servidor de Microsoft.

La página editorial de The New York Times se mostró después sorprendida de que otros consideraran el principio involucrado en esta decisión antimonopolística como un "golpe mortal contra el capitalismo mismo". Cuando la libre competencia en el mercado es reemplazada por la intervención de un tercero que obliga a las empresas a facilitar las cosas a sus competidores, cuesta ver cómo esto puede ayudar a la competencia, y no simplemente a los competidores.

En 2007, la Federal Trade Commission solicitó una orden judicial contra la cadena de supermercados de productos orgánicos Whole Foods para restringirle, de manera preventiva, la compra de una cadena de supermercados orgánicos rival, basándose en que esto "disminuiría la competencia sustancialmente y violaría las leyes antimonopolio". La Federal Trade Commission argumentó que ambas empresas eran "las dos únicas operadoras de supermercados de productos orgánicos y naturales de alta calidad en Estados Unidos". Presumiblemente, Whole Foods se convertiría en un monopolio si adquiría su cadena rival de supermercados, bajo esta definición estricta de mercado. Sin embargo, el tribunal negó esta solicitud argumentando que otras cadenas de supermercados como Kroger, Safeway y otras, vendían también productos naturales y orgánicos como parte de su mercancía general, además de las tiendas de comida saludable independientes que también venden productos naturales y orgánicos. No obstante, esto no dio por finalizado el caso, porque la Federal Trade Commission se reservó el derecho de iniciar una demanda antimonopolio para romper la fusión después de haberse concretado.

La proliferación del libre comercio internacional implica que incluso un monopolio auténtico, de un producto particular, en un país particular, puede significar muy poco si ese mismo producto puede ser importado de otros países. Si hay sólo un fabricante de cierto producto en Brasil, ese productor no constituye un monopolio en ningún sentido económicamente significativo, en el caso de que exista una decena de fabricantes de ese mismo producto en Argentina y cientos de fabricantes alrededor del mundo. Solamente si el gobierno brasileño impide que estos productos sean importados, el único fabricante para Brasil se puede tornar un monopolio.

Concentrarse en la porción del mercado en un momento dado ha producido un patrón por el que el gobierno estadounidense ha enjuiciado repetidamente a empresas líderes en una industria justo cuando estaban a punto de perder ese liderazgo. En un mundo donde es normal que empresas particulares suban y bajen con el tiempo, los abogados expertos en casos antimonopolio pueden tardar años en montar un caso contra, por ejemplo, una determinada empresa que está en la cima, sin saber que está a punto de venirse abajo. Un caso antimonopolio muy grande puede precisar décadas o más para llegar a una definición final. Los mercados por lo general reaccionan más rápidamente que eso contra los monopolios y carteles, como ocurrió con los trusts de comienzos de siglo, que fueron vencidos por vendedores minoristas como Sears, Montgomery Ward y A&P antes siquiera de que el gobierno pudiera iniciar un caso judicial contra ellos.

Agencias reguladoras.

A pesar de que las funciones de una comisión reguladora son relativamente claras en la teoría, en la práctica son mucho más complejas y, de alguna manera, imposibles. Además, el clima político en el que las comisiones reguladoras funcionan frecuentemente lleva a políticas y resultados que son directamente opuestos a los que esperaban aquellos que crearon dichas comisiones. Idealmente, una comisión reguladora buscaría fijar los precios en el lugar en que estarían si hubiese un mercado competitivo. En la práctica, no hay forma de saber cuáles serían estos precios. Solamente el funcionamiento mismo del mercado podría revelar tales precios, llevando a las empresas menos eficientes a la quiebra, y a que sobrevivan las eficientes, con sus precios que, luego, serían los precios del mercado. Ningún observador externo puede saber cuáles son las formas más eficientes de funcionar en una empresa o industria dadas. En efecto, los administradores dentro de una industria suelen descubrir por las malas que lo que creían era la manera más eficiente de hacer las cosas no era suficientemente eficiente como para ser competitivos, y terminan perdiendo clientes.

Las complejidades económicas implícitas cuando las agencias reguladoras fijan precios se complican aún más con las complejidades políticas. Las agencias reguladoras, por lo general, se crean después de que activistas políticos inicien investigaciones o campañas de publicidad que convencen a las autoridades de que tienen que establecer una comisión permanente para supervisar y controlar un "monopolio", o algún otro grupo de empresas demasiado pequeñas en número como para constituir una amenaza de colusión o "comportamiento monopolístico". Sin embargo, cuando la comisión ha sido creada y sus poderes establecidos, los activistas y los medios tienden a perder, con los años, interés, y a prestar atención a otras cosas. Mientras tanto, las empresas reguladas continúan presentando mucho interés por las actividades de la comisión y forman un lobby que presiona al gobierno para que emita reglamentos beneficiosos y designe a miembros de estas comisiones que estén a su favor.

El resultado de esos intereses foráneos asimétricos en estas agencias es que las comisiones que se crearon para supervisar a una empresa o industria dada, para el beneficio de los consumidores, por lo general se transforman en agencias que buscan proteger a las empresas reguladas de amenazas provenientes de nuevas empresas con nuevas tecnologías y nuevos métodos de organización. Por ejemplo, en Estados Unidos, la Comisión de Comercio Interestatal, creada inicialmente para evitar que los ferrocarriles cobraran "precios monopolísticos" al público, respondió al crecimiento de la industria del transporte por carretera extendiendo su control sobre este tipo de transporte, cuya competencia estaba amenazando la viabilidad económica de los ferrocarriles.

La lógica inicial para regular los ferrocarriles era que éstos eran frecuentemente monopolios en áreas particulares del país, donde había apenas una línea de ferrocarril. Sin embargo, ahora que la industria de transporte por carretera estaba rompiendo ese monopolio en función de su capacidad de transportarse por allí donde hubiese caminos, la respuesta de la Comisión de Comercio Interestatal no consistió en reconocer que la necesidad de regular el transporte era ahora menos urgente o incluso innecesaria. En vez de ello, pidió, y recibió del Congreso, mayor poder en virtud de la Motor Carrier Act de 1935, destinada a restringir las actividades de los transportistas por carretera. Esto permitió que los ferrocarriles sobreviviesen bajo nuevas condiciones económicas, a pesar de que la competencia del transporte por carretera era más eficiente para el envío de muchos bienes y que, por tanto, podía cobrar precios más bajos de los que cobraban los ferrocarriles. Así, tan sólo se permitía a los camiones cruzar las fronteras estatales si tenían un certificado emitido por la Comisión de Comercio Interestatal declarando que sus actividades cumplían "la necesidad e interés públicos", según el término es definido por la Comisión de Comercio Interestatal. Esto evitó que los camioneros le quitaran los clientes a los ferrocarriles y los mandaran a la quiebra.

En resumen, la carga no sería transportada más de la  manera que requería menos recursos, como habría sido en una situación de competencia abierta, sino, únicamente, mediante cualquier medio que cumpliera los requisitos arbitrarios impuestos por la Comisión de Comercio Interestatal. Por ejemplo, la Comisión de Comercio Interestatal podía autorizar a una empresa de camiones a transportar carga desde Nueva York a Washington DC, pero no desde Filadelfia a Baltimore, a pesar de que estas ciudades se encuentran a medio camino. Así mismo, si el certificado no autorizaba que la carga fuese transportada de vuelta desde Washington DC hasta Nueva York, entonces los camiones tenían que regresar vacíos, mientras otros camiones transportaban carga desde Washington DC hasta Nueva York. Desde el punto de vista de la economía en su conjunto, se incurría en costes enormemente más altos de lo que era necesario para hacer el trabajo. Sin embargo, desde el punto de vista político, se permitió que muchas más empresas, tanto de camiones como de ferrocarriles, sobrevivieran y ganaran dinero que las que habrían podido hacerlo en un mercado competitivo y sin restricciones, donde las empresas de transporte hubiesen estado obligadas a utilizar los métodos más eficientes para transportar carga, incluso si los costes menores y los precios más bajos llevaban a la quiebra a algunos ferrocarriles cuyos costes eran demasiado altos como para competir con los camiones.

La competencia abierta y sin trabas habría sido económicamente beneficiosa para la sociedad en su conjunto, pero, políticamente amenazante para la comisión reguladora. Las empresas que se vieran ante la inminente extinción económica debido a la competencia se encargarían de recurrir a la agitación y la intriga política contra la estabilidad en su cargo de los comisionados y contra la existencia de la comisión y sus poderes. Los sindicatos también tendrían interés en mantener el statu quo sin permitir la competencia de tecnologías que pudieran requerir de menos trabajadores para realizar el mismo trabajo.

Cuando los poderes de la Comisión de Comercio Interestatal fueron reducidos por el Congreso en 1980, los precios del transporte de mercancías bajaron sustancialmente y los consumidores disfrutaron de un aumento en la calidad del servicio. Esto fue posible gracias a la mayor eficiencia de la industria, dado que ahora circulaban menos camiones vacíos y más camioneros contrataban trabajadores cuyo salario estaba determinada por la oferta y la demanda, en vez de por los contratos sindicales. Dado que las entregas por camión dependían ahora más que antes de la competencia en la industria, las empresas que utilizaban sus servicios tenían la posibilidad de mantener stocks más pequeños, lo que en su conjunto ahorraba miles de millones de dólares.

Las ineficiencias creadas por la regulación se reflejaban, no solamente en el ahorro que se produjo tras la desregulación, sino también en la diferencia entre los costes de los envíos interestatales y los costes de los envíos dentro de los estados, donde continuaban existiendo regulaciones después de que la reglamentación federal fuera recortada. Por ejemplo, enviar un par de pantalones vaqueros dentro del estado de Texas desde El Paso hasta Dallas costaba un 40 por ciento más caro que transportar el mismo par de pantalones desde Taiwán hasta Dallas.

Las grandes ineficiencias bajo la regulación no eran peculiares de la Comisión de Comercio Interestatal. Lo mismo ocurría con la Civil Aeronautics Board, que aislaba a las aerolíneas potencialmente competitivas y mantenía los precios del transporte aéreo, en Estados Unidos, lo suficientemente altos como para garantizar la supervivencia de las aerolíneas existentes, en vez de forzarlas a enfrentar la competencia de otras aerolíneas que habrían podido transportar a los pasajeros de manera más barata y con mejor servicio. Cuando la Civil Aeronautics Board fue finalmente abolida, las tarifas aéreas bajaron y algunas aerolíneas se fueron a la quiebra, pero nuevas aerolíneas surgieron y al final había muchos más pasajeros que cuando imperaban las restricciones de la regulación. El ahorro de los pasajeros de las aerolíneas ascendió a miles de millones de dólares.

Éstos no fueron simplemente cambios de suma cero, donde las aerolíneas perdieron lo que ganaron los pasajeros. El país en su conjunto se benefició de la desregulación, porque la industria se tornó más eficiente. Así como había menos camiones vacíos circulando gracias a la desregulación del transporte terrestre, de igual manera los aviones comenzaron a volar con un mayor porcentaje de asientos ocupados después de la desregulación, y los pasajeros usualmente tenían más opciones de aerolíneas que antes. Algo muy parecido ocurrió a partir de 1997, cuando las aerolíneas europeas fueron desreguladas y la competencia de aerolíneas de bajo precio como Ryanair forzó a British Airways, Air France y Lufthansa a bajar sus tarifas.

En esta y otras industrias, la lógica inicial de la regulación era evitar que los precios se elevaran excesivamente. Sin embargo, con los años, esto se transformó en restricciones reguladoras en contra de que los precios cayeran a niveles en los que amenazarían la supervivencia de las empresas existentes. Las cruzadas políticas se basan en lógicas plausibles pero, incluso cuando esas lógicas son sinceramente defendidas y honestamente aplicadas, sus consecuencias pueden ser completamente diferentes a sus fines iniciales. Las personas cometen errores en todos los ámbitos del emprendimiento humano, pero cuando se cometen grandes errores en una economía competitiva, aquellos que estuvieron equivocados pueden ser forzados a salir del mercado por las pérdidas resultantes. En la política, sin embargo, las agencias reguladoras normalmente continúan sobreviviendo mucho después de que la lógica inicial para su creación se haya extinguido. Esto porque se mantienen realizando cosas que ni se contemplaban cuando su burocracia y sus poderes fueron creados.

Los costos de las leyes antimonopolio. 

Las leyes antimonopolio más estrictas en la India produjeron muchos resultados claramente contraproducentes antes de ser derogadas en 1991. A algunos empresarios industriales, líderes en la India, se les prohibió expandir sus muy exitosas empresas, porque de lo contrario habrían excedido el arbitrario límite financiero usado para definir un "monopolio", independientemente de cuántos competidores pudiera tener ese "monopolio". En consecuencia, los emprendedores indios por lo general aplicaban sus esfuerzos y su capital fuera de la India, proveyendo bienes, trabajo e impuestos en otros países donde estaban menos restringidos. Uno de estos emprendedores indios, por ejemplo, produjo, en Tailandia, fibra de pulpa comprada en Canadá, transportándola a su fábrica en Indonesia, donde la convirtió en hilo. Luego exportó el hilo a Bélgica, para que lo transformaran en alfombras. Es imposible saber cuántas otras empresas indias invirtieron fuera de la India como resultado de las restricciones contra los monopolios. Lo que sí se sabe es que la abrogación de la Monopolies and Restrictive Trade Practices Act en 1991 fue seguida por una enorme expansión de empresas grandes en la India, tanto de propiedad de empresarios indios como de empresarios extranjeros, que consideraron que la India se había tornado un mejor lugar para establecer o expandir sus negocios. Algo que también creció exponencialmente fue la tasa de crecimiento económico del país, lo que redujo el número de personas en la pobreza e incrementó la capacidad del gobierno indio de ayudarlos, debido a que los ingresos fiscales de los impuestos se elevaron en razón de la mayor actividad económica en el país.

A pesar de que la ley antimonopolio india tenía la intención de incentivar la actividad empresarial, su efecto real fue proteger a las empresas existentes de las presiones de la competencia, interna e internacional, y el efecto de esto, a su vez, fue reducir los incentivos hacia la eficiencia. Analizando ese pasado, el líder industrial indio Ratan Tata, de las Tata Industries, dijo esto de su propio gran conglomerado empresarial: "El grupo operaba en un ambiente protegido. Las empresas menos sensibles no se preocupaban por la competencia, no se preocupaban por sus costes y no se habían mantenido al tanto de la nueva tecnología. Muchas de ellas ni se fijaban en las porciones de mercado".

En pocas palabras, el capitalismo protegido producía resultados similares al socialismo. Cuando la economía india, posteriormente, se abrió a la competencia, tanto doméstica como externa, se produjo un fuerte impacto. Algunos de los directores de Tata Steel se estiraban de los pelos cuando se dieron cuenta de que la empresa se enfrentaba, ahora, a una pérdida anual de 26 millones de dólares porque las tarifas de flete habían subido. En el pasado, simplemente, podrían haber subido el precio del acero en esa misma proporción, pero hoy, con otros productores de acero en libre competencia, los costes de transporte locales ya no pueden simplemente ser transferidos a los precios para el consumidor, sin que esto constituya un riesgo de mayores pérdidas como consecuencia de la pérdida de clientes frente a los competidores globales. Tata Steel no tenía otra opción que cerrar o cambiar la manera en que operaban. Según la revista Forbes: "Tata Steel ha gastado 2.300 millones de dólares cerrando fábricas derruidas y modernizando sus minas de carbón y su acerías, así como construyendo un nuevo alto horno […]. De 1993 a 2004, la productividad se elevó de 78 toneladas de acero por trabajador y año, a 264 toneladas, gracias a las mejoras que se hicieron en la planta y a la existencia de menos defectos".

Ya en el año 2007, The Wall Street Journal informaba de que las declaraciones de Tata Steel, afirmando ser el mayor productor de acero de menor coste del mundo, habían sido confirmadas por analistas. Pero ninguno de estos ajustes habría sido necesario si esta y otras empresas, en la India, hubiesen continuado protegidas de la competencia bajo el argumento de evitar monopolios.

Conclusión. 

Con las leyes antimonopolio, así como con las comisiones reguladoras, se debe realizar una clara distinción entre sus lógicas iniciales y lo que en realidad hacen. La lógica básica de estas leyes es prevenir los monopolios y otros elementos que permiten una subida de precios superior a la que se produciría en un mercado libre y competitivo. En la práctica, la mayoría de los famosos pleitos contra diversos monopolios en Estados Unidos, han estado relacionados con empresas que cobraron precios más bajos que sus competidores. Muchas veces, han sido las quejas de éstos las que han provocado la acción del gobierno.

Bibliografia:

Economía básica - Thomas Sowell
Hombre, economía y estado - Murray N. Rothbard
Poder y mercado - Murray N. Rothbard
La acción humana - Von Mises

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